Se dispara la cifra de sancionados por Peligrosidad Predelictiva en Santiago de Cuba.

Mucho se ha hablado del estado peligroso. Mis colegas de la corriente agramontista trataron el tema, también lo hizo Wilfredo Vaillín y Laritza Diversent.  Diversos enfoques sobre una misma figura jurídica.

Es cierto que el concepto de peligrosidad predelictiva que nos ofrece el Código Penal cubano está demasiado politizado, pero esto no es otra de las exclusividades impuestas por el régimen castrista, ya que gobiernos democráticos como El Salvador, México y Argentina han adoptado “El Estado Peligroso” elevándolo a rango constitucional.

El artículo 13 inciso 4 de la Constitución de la República de El Salvador establece que: “Por razones de defensa social, podrán ser sometidos a medidas de seguridad reeducativas o de readaptación, los sujetos que por su actividad antisocial, inmoral o dañosa, revelen un estado peligroso y ofrezcan riesgos inminentes para la sociedad o para los individuos. Dichas medidas de seguridad deben estar estrictamente reglamentadas por la ley y sometidas a la competencia del Órgano Judicial.

También en la Cuba democrática (1902 -1952) se aplicó el estado peligroso a aquellas personas con desajustada conducta, fundamentalmente a los vagos habituales y enajenados mentales.

Lo que realmente indigna del “estado peligroso” en Cuba no es tanto su concepto sino las arbitrariedades, la falta de garantías. La Peligrosidad Predelictiva es un arma que usa el régimen castrista contra todos aquellos que presenten, según su criterio, una conducta antisocial. No se necesita para llegar a una conclusión de pruebas irrefutables, basta con el criterio de unos pocos para que una persona sea condenada a una pena que puede llegar a los 4 años de privación de libertad.

Cuando trabajé en Bufetes Colectivos como abogado asumí la defensa de más de 100 clientes que depositaban toda su confianza en un sistema que fallaría en su contra. Sólo recuerdo un caso que finalizó con la absolución del presunto asegurado.

Los términos difieren. Cuando alguien comete un delito durante todo el proceso penal se le identifica por "acusado" mientras que en los Índices de Peligrosidad se maneja el de "presunto asegurado".

La Ley de Procedimiento Penal da muy pocas garantías que sirvan de base a una defensa efectiva, por ello mis colegas evitaban trabajar este tipo de asuntos que sólo les reportaba unos 15 o 30 pesos cubanos.

Pero es entonces que el lado más humano de un hombre se manifiesta, y por esa razón estuve frente a los jueces de la Sala Penal del Tribunal Municipal de Santiago de Cuba: sin importarme que el caso estuviese perdido desde el principio o las dificultades para acceder al Expediente acusatorio. Esa fue mi primera tribuna para denunciar las violaciones cometidas por Fiscales y policías. Sin saberlo era un opositor político, cada vez que ridiculizaba o arremetía contra una “ley” del Estado Cubano.

Los índices de Peligrosidad Predelictiva son de competencia de los Tribunales Municipales Populares. Y es la Fiscalía quien presenta la solicitud a los jueces cuando se está en uno de los siguientes casos: enajenación mental, narcomanía, dipsomanía, vagancia habitual, prostitución o por pertenecer a alguna organización defensora de los Derechos Humanos.

Pero es la Policía quien inicia la tramitación del Expediente, recopila los datos que luego serán analizados por un Fiscal. Esto incluye las opiniones vertidas por los llamados "factores": el Partido Comunista, los CDR, la FMC y el Delegado del Poder Popular. En no pocas ocasiones estos "factores" dan una opinión muy alejada de la realidad, influye en esto los lazos de amistad o la enemistad que tengan con el presunto asegurado.

Concluida la tramitación del Expediente el Fiscal lo presentará al Tribunal Municipal, el cual fijará día y hora para la comparecencia, donde es obligatoria la presencia del Abogado Defensor. Y aquí comienza una de las violaciones más graves a los derechos del presunto asegurado: el abogado defensor no puede presentar ninguna prueba a favor de su representado, más bien debe atenerse a las que ya figuran en el Expediente, todas ellas aportadas por la Fiscalía.

Y es que en la primera etapa del proceso no se le permite al pretenso asegurado la designación de un Abogado que tenga acceso a las actuaciones, el cual podría impugnar las pruebas que se vayan recopilando y proponer otras en su lugar.

El artículo 415 de la Ley de Procedimiento Penal dispone que contra la resolución que dicte el Tribunal Municipal, pueden el presunto asegurado y el Fiscal, interponer recurso de apelación para ante el Tribunal Provincial Popular que corresponda El recurso de apelación se establecerá dentro de los tres días hábiles siguientes a la fecha de la notificación de la resolución al inculpado, por medio de escrito en el que el apelante expondrá las razones que justifican su inconformidad.

En Cuba la peligrosidad predelictiva ha servido también para reprimir a los opositores políticos, argumentando el Estado que estos "tienen una conducta antisocial". Ciertamente el régimen amenaza a quienes se les oponen con aplicarle un estado peligroso, pero las principales víctimas de esta aberración jurídica son precisamente aquellas personas que no están revestidas de la más mínima publicidad.

Nadie escapa a esta nueva variante de la Santa Inquisición: ni la mujer desempleada que tiene que recurrir a otros métodos para alimentar a sus hijos, ni el hombre que ha caído en desgracia y recurre a los vicios para huir de su frustración, ni el joven que es mal mirado por sus vecinos, ni el opositor político que lucha por la libertad y la prosperidad. El régimen tiene a su alcance los jueces para interpretar la ley, el Jefe de Sector  para confeccionar el expediente, y dispone de un Fiscal corrupto o cobarde que dará el visto bueno a toda aquella compilación de pruebas oscuras.

No es que yo quiera justificar ciertas conductas pero considero que la solución que intenta dar el Código Penal lo único que logra es privar al ciudadano de su legítimo derecho a la defensa y de un efectivo recurso de apelación.

Durante el año pasado fueron llevados a los Tribunales Municipales Populares de Santiago de Cuba una cifra de 10 personas por peligrosidad predelictiva (cada semana), la mayoría de ellas fueron condenadas a sanciones que oscilaron entre 2 y 3 años de internamiento. En lo que va de año la cifra se ha disparado, y según fuentes judiciales que prefieren conservar el anonimato, sólo entre enero y febrero del 2015, han sido sancionadas más de 160 personas solamente en Santiago de Cuba.

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